Concluye la jornada informativa sobre la obligatoriedad de los canales de denuncia y su adaptación a la nueva Ley

La reciente entrada en vigor de la nueva ley reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante Ley de Protección del Informante) ha traído consigo la obligación para todas las empresas de más de 50 trabajadores de implantar canales de denuncia como cauce para la comunicación de infracciones de distinta índole (penal, laboral, administrativo, etc.).

 

Esta nueva normativa (conocida también como normativa Whistleblowing) ha abierto numerosos interrogantes a los que PwC, en colaboración con la Associació Balear de l’Empresa Familiar, dieron respuesta en un jornada informativa que tuvo lugar el 19 de mayo en la oficina PwC de Palma ( C/ Conquistador, 18) y que finalizó con un coloquio y un café networking. 

 

Entre otras cuestiones, se trataron las claves de la implantación de la nueva ley o sus implicaciones laborales. Y todo ello dentro del plazo que la norma establece de obligado cumplimiento (junio de 2023 para empresas con más de 250 trabajadores/ diciembre de 2023 para empresas con más de 50 trabajadores) y de un estricto régimen sancionador.